Airbnb pide al gobierno que la regulación de los alquileres de corta duración en España se ajuste al propósito establecido por la UE

Airbnb insta al gobierno de España a cumplir con el propósito original de la regulación europea de los alquileres de corta duración, que tiene como objetivo crear normas menos fragmentadas, más justas y transparentes. En respuesta a una consulta pública abierta por el Ministerio de Vivienda, Airbnb ha expresado su preocupación por el real decreto que ha anunciado este mismo Ministerio, con el que promete abordar la crisis de la vivienda e introducir nuevos requisitos que complicarán aún más las tareas administrativas de aquellas personas que quieran compartir sus hogares.

La propuesta se desvía de manera significativa del propósito original de la Unión Europea, que busca la elaboración de normas locales específicas y proporcionadas, gracias al intercambio de datos e información entre gobiernos y plataformas. Airbnb también ha reiterado su compromiso de trabajar con las autoridades españolas hacia la armonización y la rápida adopción de las normas europeas del alquiler de corta duración en España. 

Los casos de Portugal, Nueva York y Escocia ofrecen ejemplos significativos del impacto negativo y la falta de eficacia que pueden tener las regulaciones cuando no contemplan la realidad local o se utilizan como la única solución para abordar la crisis de la vivienda. El gobierno de Portugal ya ha eliminado las restricciones de la ley de vivienda relacionadas con los alquileres de corta duración y ha anunciado nuevas normas que permitirán a las regiones beneficiarse del turismo. Un año después de prohibir los alquileres de corta duración, la ciudad de Nueva York sigue experimentando un aumento en los precios de la vivienda y los viajeros están pagando precios de hoteles en máximos históricos. En Escocia, la introducción de normas restrictivas para los alquileres de corta duración ha tenido un impacto perjudicial en la industria del turismo y en la economía en general.

Los datos públicos muestran que en España hay 10 veces más casas vacías que viviendas turísticas¹, lo que representa el 14% del total del parque de vivienda del país. Asimismo, según datos del INE, el año pasado había alrededor de 340.000 alojamientos turísticos en España, que representan el 1%² del total de viviendas. En Barcelona, a pesar de contar con una moratoria absoluta para la obtención de licencias de viviendas de uso turístico desde 2014, los precios de alquiler han aumentado un 70%³ en 10 años. Imponer restricciones generales a los alquileres de corta duración ha demostrado no abordar adecuadamente los problemas subyacentes de vivienda. Lo que demuestra la necesidad de un enfoque más integral y analítico para regular los alquileres de corta duración en España, empezando por una distinción entre el hospedaje ocasional y dedicado.

En su respuesta a la consulta pública del Ministerio, Airbnb ha destacado la importancia de implementar de manera correcta y armonizada el marco europeo para alquileres de corta duración (que establece ‘Puntos Únicos de Entrada’ que recibirán los datos de los diferentes agentes y aseguran la alineación técnica entre los gobiernos y las plataformas) como una oportunidad para acabar con las normas locales fragmentadas y desproporcionadas que, en muchas ocasiones, se diseñan teniendo en cuenta a los grandes operadores turísticos.

Airbnb también ha señalado que, en contra del pilar fundamental de la normativa europea de crear un registro único y simple el decreto propuesto introduce nuevos requisitos que generan confusión y cargas administrativas adicionales:

• En lugar de que los anfitriones soliciten el registro sólo a un nivel, el decreto implica el registro a nivel autonómico y nacional, manteniendo también la licencia municipal. 
• El decreto obliga a los anfitriones a obtener dos números de registro nacional: uno con fines turísticos y otro con fines no turísticos, en lugar de tener un identificador único para cada unidad. 
• Se establece el requisito de renovar anualmente el registro nacional, lo que también conlleva tarifas adicionales asociadas.

“Airbnb aboga por una regulación equilibrada y proporcionada, y mantiene su compromiso de colaborar con las autoridades españolas para asegurar la adopción de una normativa local armonizada con la regulación europea. Esto facilitará el intercambio de datos entre plataformas y autoridades para mejorar la regulación, simplificará los procesos para los anfitriones y pondrá en valor el hospedaje como un motor económico para España, especialmente en áreas rurales donde no hay hoteles”, dice Sara Rodríguez, Campaign Lead para España y Portugal en Airbnb Marketing Services, SL.

Implementar normativas desproporcionadas para los alquileres de corta duración puede perjudicar a la industria y alejar a las familias locales de los beneficios del turismo, especialmente en zonas rurales. A pesar de que el alojamiento típico en Airbnb recibe reservas para unos pocos días cada mes, el hospedaje representa un salvavidas económico para las familias, ayudándolas a obtener ingresos extra, mantener sus casas e incluso llegar a fin de mes.

Los anfitriones en Airbnb ayudan a extender los beneficios del turismo más allá de los hoteles y los dispersan hacia miles de comunidades locales en todo el país. 9 de cada 10⁴ anfitriones en España recomendaron bares y restaurantes locales. Los huéspedes también visitaron y gastaron en los negocios de la zona, y contribuyeron a mantener 130.000 puestos de trabajo en diversos sectores, como restauración, el arte y entretenimiento, comercio minorista, la cultura, artes y espectáculos y otros. Solo la actividad de los huéspedes ayudó a generar empleos cuyos salarios superaron los 3.500 millones de euros, salarios de trabajadores locales que también contribuyen fiscalmente a nivel local. Además, dado que muchos alojamientos en Airbnb están ubicados en áreas sin oferta alojamiento tradicional, estos ingresos van a parar directamente a los residentes de esas localidades.

Airbnb está comprometido a trabajar junto al gobierno de España, las regiones y municipios para garantizar una legislación que permita el bienestar económico de los anfitriones, la preservación de las comunidades locales y prácticas turísticas responsables, al mismo tiempo que facilita el registro de los anfitriones españoles y el cumplimiento de normas proporcionadas.