Compromiso de Airbnb para seguir trabajando con los gobiernos en Cataluña

Mónica Casañas es directora general de Airbnb Marketing Services SL. Tras la sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer, ha remitido este escrito a diferentes administraciones públicas en Cataluña.

Airbnb nació después de que dos de sus cofundadores, para poder pagar el alquiler, decidieron alquilar una habitación a tres personas que visitaban la ciudad de San Francisco para asistir a un evento. Diez años más tarde, más de 4 millones de anfitriones y 1.000 millones de huéspedes han viajado a través de la plataforma, incluido innumerables familias y ciudadanos de Cataluña.

En Airbnb estamos convencidos de que compartir el propio hogar es bueno para Cataluña, ya que crea nuevas oportunidades económicas para las familias locales. La posibilidad de alquilar una casa a viajeros ha supuesto un salvavidas económico para muchas personas tras el devastador impacto de la COVID-19. Según un estudio de Oxford Economics, pese a que la actividad turística disminuyó en toda la UE durante la pandemia, la actividad generada a través de Airbnb facilitó la creación de 5,1 empleos por cada 1.000 llegadas de viajeros en 2020, una cifra superior a la de 2019, cuando sin pandemia, esa mismo actividad ayudó a crear 4,7 empleos por cada 1.000 huéspedes. El impacto que la plataforma tiene en los particulares, los comercios y los pequeños propietarios se refleja en que 8 de cada 10 anfitriones en Cataluña tienen un solo anuncio y en que casi casi la mitad del gasto que realizan los huéspedes tiene lugar en las cercanías o en los barrios donde se hospedan. 

Airbnb es un buen aliado de las administraciones públicas y ha trabajado con miles de gobiernos y organizaciones en todo el mundo. En Cataluña, desde 2018, la plataforma facilita a los anfitriones que anuncian viviendas de uso turístico una herramienta para que estos puedan mostrar su número de registro, lo que facilita la labor de inspección  e identificación por parte de las autoridades. Por ejemplo, la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona a través del intercambio de información con Airbnb, ha permitido al consistorio identificar y eliminar de la plataforma más de 7.000 anuncios. Asimismo, cuando en agosto de 2021 entró en vigor una modificación del decreto de turismo en Cataluña que creaba la modalidad de llars compartides [alquiler de habitaciones], se activó la misma herramienta para que los anfitriones de la recién regulada categoría también pudieran mostrar su número de registro.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de la información y no de servicios turísticos o inmobiliarios. Airbnb considera que este fallo es un paso adelante para seguir colaborando con los gobiernos, dejar por fin de lado este caso -abierto desde 2015-  y trabajar de materna conjunta en una normativa clara, adaptada a la realidad actual de los viajes y que apoye a los particulares y a las familias.

Entre los valores de Airbnb figura trabajar con los gobiernos para apoyar la actividad de los particulares, algo que se refleja en el posicionamiento remitido a la Comisión Europea, que está trabajando en estos momentos en nuevas normas sobre la actividad de alojamiento. En él, Airbnb se ha comprometido a hacer cumplir las reglas armonizadas que salgan de la UE y ha propuesto que se endurezcan las condiciones para las actividades especulativas inmobiliarias. Al mismo tiempo, ha solicitado facilitar que los particulares puedan acoger viajeros en sus hogares.

Airbnb sigue estando comprometida al 100% con los gobiernos locales y regionales en Cataluña para empoderar a los particulares y ser parte de la solución contra la masificación turística. Airbnb quiere asegurarse de que la plataforma funciona para todos y espera poder seguir trabajando con las administraciones y explorando los beneficios de las colaboraciones público privadas. 

Le saluda atentamente,

Mónica Casañas, directora general de Airbnb Marketing Services SL