Compartir tu propio hogar en las Islas Canarias será desde ahora mucho más sencillo.
El pasado viernes 25 de enero se conoció que el Tribunal Supremo había anulado la prohibición de compartir habitaciones. Esta decisión tiene lugar después de que el mismo Supremo anunciara en diciembre que no existía ninguna razón para prohibir el alquiler de casas enteras en las zonas turísticas de Canarias, tal y como señalaba el decreto de viviendas vacacionales.
La decisión es una buena noticia para los anfitriones de las Islas Canarias, que han sufrido una de las normativas más restrictivas de Europa, una situación que, según el Tribunal Supremo, “no tiene sentido”.
“La única explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios,” dijo el alto Tribunal.
La noticia supone también un impulso para un tipo de turismo asequible, auténtico, inclusivo y sostenible, impulsado por las personas de las islas.
“Las decisión del Tribunal Supremo es una buena noticia para los anfitriones y el turismo que distribuye los beneficios entre las familias, las empresas y los colectivos locales en las Islas Canarias. Queremos avanzar y trabajar juntos con otros actores del sector, con los gobiernos locales, regionales y nacionales para desarrollar una normativa moderna y sostenible”.
Sergio Vinay, responsable de Políticas Públicas de Airbnb en España y Portugal.
Un informe presentado en el foro anual de la OECD muestra que, por cada euro que gastan los huéspedes en Airbnb, 87 céntimos van a parar a los bolsillos de los anfitriones locales.
Por el contrario, los turistas que reservan en cadenas de hoteles o en agencias de viajes online, destinan entre 14 y 35 céntimos de euro a gastos de gestión y comisiones que nunca llegan a la comunidad local.